Guerra de denuncias, desvío de fondos, subcontratación o hasta casos de espionaje... En los últimos meses se ha hecho frecuente ver en la prensa estas acusaciones a las ONG. Ellas se defienden. Recuerdan que existen controles y un código de conducta. Sin embargo, para muchas, la obtención de ingresos se ha convertido un objetivo prioritario por encima de las barreras éticas.
“¡¡Colaborador de ONG Humanitaria Tarde o Mañana!! + Trabajo en equipo, a pie de calle, con material de apoyo incluido, ropa identificativa de la Organización + Sueldo fijo de 414 euros (5 horas en jornada de tarde) + variable en función de la consecución de tus objetivos (a más socios)”.
La oferta puede encontrarse en los buscadores de trabajo precario de Internet. Es una de las últimas novedades: el voluntario a tiempo parcial, con obligación de captar un mínimo de socios y para quien el compromiso puede limitarse a las horas que lleva puesto el peto de la ONG. El anuncio aparece en un blog de internet: La andadura de la cooperación al desarrollo; un espacio creado por un grupo de personas dedicadas a este sector con el objetivo de ocuparse de los “entramados, mitos y verdades que mueven la cooperación española”. En un artículo titulado, Traficantes precarios de solidaridad, abordan el tema de los jóvenes que asaltan al viandante. “Estas personas, por lo general, no son ‘miembros’ de las ONGD ni son voluntarios ni forman parte de su equipo”, señalan. “Las grandes ONGD españolas suelen recurrir a empresas de venta directa para subcontratar servicios de ‘márketing social directo’.
En la red, otras páginas también muestran la cara menos amable del sector. Y en los últimos meses, cada vez más la prensa convencional. Con motivo de los vínculos entre algunas organizaciones y los principales partidos políticos, la campaña electoral se ha convertido en un fuego cruzado. Como ejemplo, en marzo, la cadena SER y El País denunciaban cómo “tres ONG vinculadas al PP, dos de ellas investigadas”, habían sido las más beneficiadas por la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid. El diario recordaba además cómo una de ellas, CIPIE, receptora de 1,6 millones de euros, estaba siendo investigada por la oficina antifraude de la Unión Europea por manipular facturas.
Desde el otro sector de la prensa también se ha disparado. Así, la conservadora Época ha dedicado dos de sus últimas portadas contra ONG ligadas al PSOE. Denuncias que se suman a las habituales críticas a la secretaria de Estado para la Cooperación, Leire Pajín, por el aumento de fondos para Solidaridad Internacional, la ONG que ella misma presidió hasta ocupar su cargo.
Crisis de confianza
“La guerra de las denuncias”, como ha sido bautizada en algunos foros, coincide con un momento de crisis de confianza tras las investigaciones por corrupción en Anesvad e Intervida, dos organizaciones que encontraron un buen filón en el apadrinamiento de niños. En el primer caso, el presidente de Anesvad, José Luis Gamarra, ingresaba en la cárcel acusado por apropiación de fondos de la organización. Mientras, en Intervida se investiga un desvío de al menos 45 millones de euros dedicados al apadrinamiento que acabaron en un entramado de empresas de algunos de sus directivos. Y como telón de fondo, niños con varios padrinos, casas que no llegaron a construirse, algunas fortunas personales e incluso casos de espionaje entre Intervida y Global Humanitaria.
Ante esta situación, las ONG piden calma. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Estado español (CONGDE) recuerda que ni Anesvad ni Intervida eran miembros de la Coordinadora, y asegura que existen mecanismos de control y de transparencia. Sin embargo, dentro del propio sector se reconoce que estos mecanismos son mejorables. Actualmente, el criterio de referencia son los análisis de la fundación Lealtad, una entidad privada que realiza análisis de conducta sobre principios de transparencia a las ONG que deciden pasar por ellos.
Además, se han normalizado prácticas que, sin ser irregulares legalmente, resultan contradictorias con los principios solidarios. Es el caso del ‘márketing con causa’ (pactos publicitarios de Cruz Roja con empresas como Coca Cola o el Banco Santander), la dependencia de un único donante, a veces el Estado, de las Organizaciones ‘no’ Gubernamentales, o la citada subcontratación (practicada, entre otras, por Intermón Oxfam o Greenpeace).
Y los abusos están dando pie a conflictos laborales. Uno de los últimos se producía el pasado mayo, cuando dos trabajadoras de Migralia afiliadas al sindicato CNT presentaban una denuncia por despido y diferencia salarial. María José, una de las despedidas, hace un resumen de las prácticas de la empresa. Trabajaban como actrices sin contrato para esta ONG desde hacía cerca de año y medio. A veces eran avisadas con un día de antelación de las funciones y cobraban por ellas menos de la mitad de lo acordado en el convenio de actores. Ante el deterioro de las condiciones de trabajo al quedarse sin vehículo para acudir a las actuaciones, pidieron a la ONG que se hiciera cargo del problema. La respuesta: no había dinero y además debían seguir “por los niños inmigrantes”. Al negarse, días antes de Semana Santa fueron despedidas.
“¡¡Colaborador de ONG Humanitaria Tarde o Mañana!! + Trabajo en equipo, a pie de calle, con material de apoyo incluido, ropa identificativa de la Organización + Sueldo fijo de 414 euros (5 horas en jornada de tarde) + variable en función de la consecución de tus objetivos (a más socios)”.
La oferta puede encontrarse en los buscadores de trabajo precario de Internet. Es una de las últimas novedades: el voluntario a tiempo parcial, con obligación de captar un mínimo de socios y para quien el compromiso puede limitarse a las horas que lleva puesto el peto de la ONG. El anuncio aparece en un blog de internet: La andadura de la cooperación al desarrollo; un espacio creado por un grupo de personas dedicadas a este sector con el objetivo de ocuparse de los “entramados, mitos y verdades que mueven la cooperación española”. En un artículo titulado, Traficantes precarios de solidaridad, abordan el tema de los jóvenes que asaltan al viandante. “Estas personas, por lo general, no son ‘miembros’ de las ONGD ni son voluntarios ni forman parte de su equipo”, señalan. “Las grandes ONGD españolas suelen recurrir a empresas de venta directa para subcontratar servicios de ‘márketing social directo’.
En la red, otras páginas también muestran la cara menos amable del sector. Y en los últimos meses, cada vez más la prensa convencional. Con motivo de los vínculos entre algunas organizaciones y los principales partidos políticos, la campaña electoral se ha convertido en un fuego cruzado. Como ejemplo, en marzo, la cadena SER y El País denunciaban cómo “tres ONG vinculadas al PP, dos de ellas investigadas”, habían sido las más beneficiadas por la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid. El diario recordaba además cómo una de ellas, CIPIE, receptora de 1,6 millones de euros, estaba siendo investigada por la oficina antifraude de la Unión Europea por manipular facturas.
Desde el otro sector de la prensa también se ha disparado. Así, la conservadora Época ha dedicado dos de sus últimas portadas contra ONG ligadas al PSOE. Denuncias que se suman a las habituales críticas a la secretaria de Estado para la Cooperación, Leire Pajín, por el aumento de fondos para Solidaridad Internacional, la ONG que ella misma presidió hasta ocupar su cargo.
Crisis de confianza
“La guerra de las denuncias”, como ha sido bautizada en algunos foros, coincide con un momento de crisis de confianza tras las investigaciones por corrupción en Anesvad e Intervida, dos organizaciones que encontraron un buen filón en el apadrinamiento de niños. En el primer caso, el presidente de Anesvad, José Luis Gamarra, ingresaba en la cárcel acusado por apropiación de fondos de la organización. Mientras, en Intervida se investiga un desvío de al menos 45 millones de euros dedicados al apadrinamiento que acabaron en un entramado de empresas de algunos de sus directivos. Y como telón de fondo, niños con varios padrinos, casas que no llegaron a construirse, algunas fortunas personales e incluso casos de espionaje entre Intervida y Global Humanitaria.
Ante esta situación, las ONG piden calma. La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Estado español (CONGDE) recuerda que ni Anesvad ni Intervida eran miembros de la Coordinadora, y asegura que existen mecanismos de control y de transparencia. Sin embargo, dentro del propio sector se reconoce que estos mecanismos son mejorables. Actualmente, el criterio de referencia son los análisis de la fundación Lealtad, una entidad privada que realiza análisis de conducta sobre principios de transparencia a las ONG que deciden pasar por ellos.
Además, se han normalizado prácticas que, sin ser irregulares legalmente, resultan contradictorias con los principios solidarios. Es el caso del ‘márketing con causa’ (pactos publicitarios de Cruz Roja con empresas como Coca Cola o el Banco Santander), la dependencia de un único donante, a veces el Estado, de las Organizaciones ‘no’ Gubernamentales, o la citada subcontratación (practicada, entre otras, por Intermón Oxfam o Greenpeace).
Y los abusos están dando pie a conflictos laborales. Uno de los últimos se producía el pasado mayo, cuando dos trabajadoras de Migralia afiliadas al sindicato CNT presentaban una denuncia por despido y diferencia salarial. María José, una de las despedidas, hace un resumen de las prácticas de la empresa. Trabajaban como actrices sin contrato para esta ONG desde hacía cerca de año y medio. A veces eran avisadas con un día de antelación de las funciones y cobraban por ellas menos de la mitad de lo acordado en el convenio de actores. Ante el deterioro de las condiciones de trabajo al quedarse sin vehículo para acudir a las actuaciones, pidieron a la ONG que se hiciera cargo del problema. La respuesta: no había dinero y además debían seguir “por los niños inmigrantes”. Al negarse, días antes de Semana Santa fueron despedidas.
