viernes, 31 de diciembre de 2010

jueves, 30 de diciembre de 2010

El SOV de Cádiz denuncia al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucia.



El SOV de Cádiz de CNT-AIT pone en conocimiento de la Inspección del Trabajo de Cádiz, el documento adjunto por si fuera constitutivo de falta o delito, en cuyo caso debe de ponerlo en conocimiento de la Fiscalia para que actue en consecuencia.

El salario mínimo interprofesional para 2010 es de 633 eurospor un trabajo a jornada completa. Todo lo que esté por debajo de ese dinero es ilegal. Sin embargo, la web del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ofrece varios empleos en los que el sueldo no llega a esa cantidad.  El sueldo que ofertaba estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero ahí estaba, como muchos otros encontrados .Ofertar un trabajo por debajo del sueldo minimo es un delito y es escandaloso que eso lo ampare el SAE de la Junta de Andalucia.Se podría estar incurriendo en un delito, como autor o como colaborador necesario para llevar a cabo ese delito.
Se supone que, tal y como recoge la Constitución, los poderes públicos, entre los que está la Junta de Andalucía, debe velar por la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales dignas, lo que hace más sangrante esta situación .
Esta tiene además varios aspectos que la hacen más profunda: al tratarse de un delito no contra un particular, sino contra una colectividad.
Pero no sólo son ofertas irregulares por el sueldo las que publica el servicio público de empleo del SAE. También las hay discriminatorias. Hay anuncios de empleo en los que se pide una edad mínima y máxima, lo que está prohibido
Según la Ley, solo puede pedirse una edad o sexo concreto cuando el contrato lo pide porque tiene subvención de algún tipo. Pero si no es por eso, no se puede.

En la denuncia adjuntamos siete (8 documentos en total) documentos adjuntos que recojen alguna de las muchas irregularidades.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

El Congreso se niega a acabar con la pensión de oro de los parlamentarios


La pasada semana, el Pacto de Toledo (la comisión sobre pensiones que reúne a todos los partidos con representación parlamentaria) emitió sus conclusiones sobre la próxima reforma de las pensiones públicas. En el texto aprobado, se apuesta por una elevación del período de cálculo y se aboga por elevar la edad real de jubilación. Además, los anuncios del Gobierno apuntan a que la reforma final incluirá el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Y la mayoría de los expertos ya han realizado estudios en los que se muestra que ésta no será la última de los cambios: los jóvenes españoles ya saben que se tendrán que jubilar a los 70 años y que la prestación será mucho más reducida que la que cobran sus padres.

Sin embargo, este martes se conocía una buen noticia para estos mismos jóvenes. Hay una manera de conseguir una pensión digna sin necesidad de ahorrar, ni de invertir en un plan privado cada mes: sólo hay que hacerse parlamentario.

Hasta ahora, a muchos les parecía una desvergüenza que los políticos españoles dispusieran de un sistema de pensiones diferente al resto, pero pasaba desapercibido entre los numerosos privilegios de los que disfrutan los parlamentarios. Pero que estos días, con la reforma de las pensiones aún calentita, el Congreso y el Senado se mantengan en sus trece es algo que puede enfadar mucho a numerosos ciudadanos.

La secuencia de los hechos

Esta noticia ha saltado ahora, después de que las Mesas del Congreso y el Senado, que se reunieron este martes en la Cámara Baja, hayan estudiado algunas de las cuestiones comunes. Entre ellas estaba la solicitud, realizada hace ocho meses, de Rosa Díez para reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios e igualarlo al del resto de los españoles. Pues bien, según informa Efe, ambas Mesas han decidido comunicar a la líder de UPyD que el sistema de complemento de pensiones de los Parlamentarios es "válido y adecuado".


La pensión de oro

En realidad, el sistema de pensiones de los diputados es un complemento a las pensiones públicas. De esta manera, las Cámaras complementan la paga que les correspondería hasta llegar al máximo legal en la Seguridad Social. Por ejemplo, si la pensión de un parlamentario, de acuerdo a sus cotizaciones es de 1.000 euros y el máximo previsto por el sistema en ese momento es de 2.300 euros, el Congreso se hace cargo de los 1.300 euros restantes. Los servicios de prensa de las Cortes se esconden detrás de estos hechos (es un complemento, lo pagan las Cámaras y no la Seguridad Social, etc...), para tapar lo que es un privilegio evidente costeado con dinero público y al que no tienen acceso los demás españoles.

Los requisitos

Para obtener a estas ayudas, un parlamentario sólo tiene que tener cumplidos los 65 años y haber ejercido en las Cortes durante siete años (hay que recordar que para el resto de los españoles el mínimo cotizado para tener derecho a una prestación contributiva es de 15 años). No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (que serán 20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.

Además, con 12 años en el Parlamento ya se tiene derecho a la pensión máxima desde el momento de la jubilación, mientras que los demás curritos tienen que tener al menos 35 años cotizados (y se habla de aumentar este cifra a 40) para cobrar esa cantidad.

Prejubilaciones

El régimen de prejubilaciones también es mucho más favorable a los políticos. Faltaría más, después de una vida dedicada al bienestar de sus ciudadanos, están tan cansados que se han aprobado a sí mismos la posibilidad de prejubilarse a los 55 años cobrando el 60% de su asignación, que en la actualidad es de 3.125 euros mensuales de media (este es el sueldo base, que es sobre el que se calculan estas prestaciones; el salario real medio, con dietas y complementos por trabajos en comisiones es bastante más alto).

Además, un senador o diputado con 60 años, si ha cotizado durante 40, también pueden cobrar el 100% de la pensión, algo no permitido al resto de trabajadores hasta los 65 por mucho tiempo que hayan cotizado.

Plan privado

También causará sorpresa a algunos saber que las Cortes dedican un 10% adicional del sueldo de cada parlamentario a un "plan de previsión social". Esto quiere decir que los mismos que hablan cada día de la "sostenibilidad" del sistema, de su "solidez" y de la "solidaridad" del mismo tienen planes de pensiones pagados por todos los españoles y en los que las Cámaras les ingresan más de 300 euros al mes. Será un buen complemento para esas pensiones de oro que se han garantizado tal y como explicábamos en el párrafo anterior.

Prestación por desempleo

Rosa Díez también había planteado en su propuesta la posibilidad de que los ex parlamentarios puedan percibir la prestación por desempleo con los mismos requisitos y cuantías que cualquier otro trabajador. Hasta ahora no podían cobrar el subsidio del paro. Esto había llevado a las Cámaras, en un claro gesto de altruismo hacia sus compañeros desempleados (gesto, con el dinero de los contribuyentes, eso sí) a fijar una indemnización equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización, además, se abonará mensualmente.

Es decir, que si un congresista pierde su cargo en la elecciones tras haber estado 12 años en la Cámara, tendrá derecho a cobrar su sueldo base durante un año, para que reingrese en la vida civil sin sobresaltos. Por supuesto, este sueldecillo de nada es compatible con otros ingresos por trabajos en el partido o en la empresa privada, aunque no lo cobrarían si acceden a otro cargo público.

No son éstas las únicas ventajas de las que disfrutan nuestros políticos. Los miembros del Gobierno tienen incluso más prerrogativas (como cobrar un sueldo al dejar de ser ministro incluso aunque se siga siendo parlamentario), aunque sería imposible detallarlas todas aquí.

¿La justificación?

Cuando los periodistas preguntan a los políticos el por qué de todos estos privilegios, la respuesta es que hay que proteger a los representantes públicos una vez que dejan de ser diputados o senadores. También se alude a los bajos sueldos de los políticos hispanos en comparación con los del resto de Europa.

Sin embargo, para una justificación bastante poco sólida. Para empezar, un político ya sabe lo que cobrará cuando decide presentarse a unas elecciones. Si le parece poco, que no lo haga y se busque la vida en la empresa privada, a ver si allí les pagan los 3.125 euros (más dietas y complementos se van fácilmente por encima de los 4.000 euros) que cobran los diputados.

En segundo lugar, cabría preguntarse si necesitan más protección contra el desempleo o la jubilación que el resto de los trabajadores españoles. Es cierto que cuando un diputado pierde unas elecciones puede verse en el paro (como un fontanero al que despiden de su empresa). Casi nadie tendría nada en contra de que cobrase el paro el tiempo correspondiente, como el resto. Pero, ¿por qué una indemnización especial? En realidad, los parlamentarios hacen muchos contactos durante el ejercicio de su función, conocen a mucha gente muy relevante y se dan a conocer en sus partidos. Además, muchos de ellos tienen excedencias y vuelven a su trabajo anterior con normalidad. Se hace difícil imaginar que un senador cesante esté peor y necesite una indemnización más alta que el fontanero del ejemplo.

Este tipo de explicaciones idealizan a los políticos como unos trabajadores desinteresados, que dejan pasar grandes oportunidades en el sector privado para sacrificarse por los ciudadanos. Pero si esto es así o no, tendrá que juzgarlo cada votante en cada caso concreto, otorgándoles su confianza y su respeto, no con un sueldo autoimpuesto por votación (por cierto, en esto las mayorías son casi absolutas; es un tema en el que el tan anhelado consenso se alcanza rapidísimo).

Mas dinero para empresarios, UGT y CCOO. 112 millones €


El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su reunión de ayer una partida total de 112,2 millones para la realización de 6.098 cursos de formación dirigidos a desempleados y trabajadores en activo, que serán impartidos por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CC.OO. y beneficiarán a casi 119.000 personas. La concesión de este tipo ayudas millonarias para los agentes sociales ha estado en los últimos años marcada por la polémica, al ponerse en duda su efectividad. El PP, en concreto, se ha mostrado partidario de recortar las subvenciones a empresarios y sindicatos, y también a los partidos.
Según informó en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, de la inversión total consignada para las acciones formativas que desarrollarán los principales sindicatos y la CEA, 54,9 millones de euros se dirigen al colectivo de personas desempleadas, con 1.094 cursos para 16.659 alumnos.
Esta cantidad se distribuye entre una dotación de 21,9 millones para la CEA; 16,5 millones para UGT-A, y 16, 4 millones para CC.OO.-A. De acuerdo con las actuales demandas del mercado laboral, los cursos se centrarán sobre todo en las especialidades de administración y gestión, fabricación mecánica, informática y comunicaciones, servicios socioculturales, sanidad y hostelería y turismo.
Asimismo, se dará prioridad con los cursos de formación a los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral como mujeres, jóvenes, parados de larga duración, minorías étnicas o grupos en riesgo de exclusión.
En cuanto a la programación para trabajadores en activo, está prevista la realización de 5.004 acciones formativas que beneficiarán a 102.284 alumnos, tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos y trabajadores de economía social. No obstante, se establece una prioridad para empleados en pymes de todos los sectores, mayores de 45 años y personas con discapacidad y con baja cualificación profesional. En este caso, la Junta financiará a las entidades colaboradoras con 57,3 millones de euros (22,6 para la CEA, 17, 4 para UGT-A y 17,2 para CC.OO.-A).
Entre los cursos programados destacan los relativos a energías renovables y eficiencia energética, prevención de riesgos laborales y primeros auxilios, atención psicosanitaria a la discapacidad, calidad agroalimentaria y mediación, y resolución de conflictos laborales.

martes, 21 de diciembre de 2010

Crónica de la conferencia 100 años de anarcosindicalismo en Puerto Real



El viernes 17 de diciembre tuvo lugar en Puerto Real una conferencia que ponía fin a los actos organizados por el Sindicato de Oficios Varios de esta localidad gaditana por el centenario de la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).


Más de un centenar de personas asistieron a la conferencia

El acto, que tuvo lugar en el Centro Cívico "Ciudad Abierta" y al que asistieron más de un centerar de personas, fue presentado por el militante de la CNT puertorrealeña Pepe Gómez, conocido por su relevante papel en la lucha de Astilleros de los años ochenta.

La conferencia tuvo como ponente central al destacado cenetista José Luis García Rúa profesor emérito de la Universidad de Granada y Secretario General de la CNT entre 1986 y 1990 y de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) entre 1997 y 2000.


Durante su intervención, García Rúa realizó un completo, interesante y fundamentado recorrido por la historia de este anarcosindicato, desde su origen como conversión del sindicato catalán "Solidaridad Obrera" hasta la actualidad, pasando, entre otros momentos, por las importantes decisiones del II Congreso de 1919, la fundación de la AIT en 1922, la revolución social española de 1936, la transición, etc.

En la conferencia, el profesor García Rúa insistió en la importancia de que el anarcosindicato se haya mantenido fiel a sus principios de acción directa, apoyo mutuo y la búsqueda de la revolución social en pos del comunismo libertario. Asimismo, hizo un repaso sobre la distintas corrientes que han existido en la historia de la CNT y expuso una argumentada crítica sobre el sistema político actual, marcado por el continuismo del sistema franquista legitimado a raíz de la transición y los Pactos de la Moncloa.

Posteriormente, se realizó una proyección de varias decenas de fotografías sobre la lucha de Astilleros del año 1987 comentada por Pepe Gómez, quién explicó que como última salida a la delicada situación por las continuas regulaciones de empleo de la factoría y debido al agotamiento de la vía institucional, los trabajadores se organizaron en una encarnizada lucha, con el apoyo de toda la ciudadanía, durante más de 6 meses marcados por continuas huelgas y enfrentamientos contra las numerosas "chirigotas", refiriéndose así a los escuadrones policiales.

Para finalizar el acto, se le rindió un sentido homenaje a José Luis García Rúa por su larga trayectoria como militante de la CNT y su compromiso con las ideas anarquistas durante sus 87 años de vida. Durante el homenaje se mostró un video especialmente realizado para la ocasión y un emocionado Pepe Gómez le hizo entrega de una placa conmemorativa.

La reforma de las pensiones otro engaño mas a l@s trabajadores/as


La nueva reforma de pensiones que nos llevan vendiendo desde hace mas de un año, parece que va a ser aprobada el 28 de enero próximo , se quiera o no. Entre lo anunciado, destaca el retraso a los 67 años de la edad de jubilación y la ampliación del período de cálculo de 15 a 20 años (o incluso a 25). Ambas medidas supondrán un recorte de las pensiones públicas.

Sin embargo, es muy difícil escuchar a un político, de cualquier partido, reconocer que habrá una rebaja en las prestaciones de jubilación. En las declaraciones públicas, los responsables de todos los partidos se esconden detrás de la palabrería habitual: "Es un sistema solidario", del que hay que garantizar su "sostenibilidad" y que hay que reformar para que sea "más justo". Tras cada frase hay un engaño a los/as trabajadores/as.

Escuchamos a menudo frases y expresiones en boca de l@s politic@s para justificar este ataque hacia l@s trabajadorxs. Frases como:

"La elevación del período de cálculo ha hecho más JUSTO el sistema" (Celestino Corbacho, 25 de agosto)

Con la normativa actual, alguien que trabaje de los 20 a los 50 y se quede en paro recibirá la pensión mínima; mientras que alguien que no haga nada hasta los 45 pero cotice desde entonces podría recibir la máxima. Nada que objetar a que esto cambie.., ¿o sí?

Mientras, en el sistema actual, la pensión depende de una decisión política. Lo de ampliar el período de cálculo es una excusa para evitar la quiebra de la Seguridad Social, pero es una decisión política igualmente. Si dentro de diez años es necesario, los partidos pedirán que cuenten sólo los primeros años para evitar fraudes (dirán que hay personas con contratos falsos para cobrar una pensión) o introducirán cualquier otra modificación que les parezca oportuna.

La Seguridad Social es la "COLUMNA DEL ESTADO DEL BIENESTAR" (José Luis Rodríguez Zapatero, 13 de septiembre)

Este tipo de metáforas les encantan a los políticos. La imagen es memorable: una columna (ellos) que sostiene algo muy pesado (los jubilados) que no se cae gracias a su esfuerzo (reforma de las pensiones). El problema es que es mentira.

Ni el sistema de pensiones es robusto ni los trabajadores lo necesitamos en su actual formato. De hecho, cuando los políticos hablan de "Estado del Bienestar" quieren que nos acordemos de los pobres, de los más expuestos a una dificultad. Pero, ¿es tan bueno el sistema actual con los más desfavorecidos?

Un universitario, que luego será directivo, pasa hasta los 18 años en el colegio, luego hace una carrera, después un master y quizás un curso de idiomas, etc... Puede que empiece a trabajar con 28 años y quizás consiga una prejubilación pagada por su empresa a los 60. Sin embargo, posiblemente pueda acceder a la pensión pública más elevada (sus cotizaciones son muy altas) y lo más seguro es que la complemente con una privada.

Mientras, su vecino, que deja la escuela con 16 años, trabajará hasta los 65. Sin embargo, como su base de cotización es baja cobrará una pensión bastante escuálida. Y si tiene la mala suerte de ser despedido con 55 años, cobrará el mínimo. No le servirá de nada haber empezado a trabajar 12 años antes que el universitario (y esto no cambiará mucho aunque se amplíe el período de cálculo, lo más importante seguirá siendo la base de cotización). Además, tampoco tiene plan de pensiones privado.

Eso sí, el Gobierno y la oposición se preocupan por él y le aseguran una paga mensual de unos 590 euros tras cinco décadas en la obra. Todo muy social y muy justo, sí señor.

"Debemos pensar en la SOSTENIBILIDAD del sistema" (María Teresa Fernández de la Vega, 30 de enero)

Esta metáfora es casi tan bonita como la de la columna e igual de falsa. El sistema es "sostenible" porque la paga la deciden los políticos. Si dentro de 60 años, hubiera 10 millones de trabajadores y 50 millones de pensionistas, el sistema también podría ser sostenible: sólo habría que fijar una prestación lo suficientemente baja. A 50 euros al mes de pensión media, también esa situación sería "sostenible" y habría pensiones públicas.

"En el caso de España, [la UE] reconoce la SOLIDEZ de nuestro actual sistema de pensiones" (Elena Salgado, 17 de noviembre)

Lo que reconocía la UE es que con el sistema actual la quiebra absoluta llegaría a partir de 2030 (los expertos de Fedea lo adelantan a 2026). El sistema no es "sólido" y por eso hay que reformarlo. Además, lo que esconde esta palabra es la mentira de que ésta será la última reforma. Los políticos hablan de "esfuerzo" y ocultan al ciudadano que el fin no son los 67 años, ni la ampliación de 15 a 20 del período de cálculo.

Es decir, que si sigue el actual patrón de envejecimiento, los trabajadores menores de 40 años lo tendrán muy crudo para cobrar una pensión pública mínimamente digna. Esto, según Salgado, es un sistema "sólido". Por lo tanto, a esta reforma le seguirán otras para ampliar la vida laboral al menos hasta los 70 años, ampliar el período de cálculo a toda la vida laboral y reducir aún más las pensiones públicas. No será el último cambio y lo saben, pero no lo dicen.

"...la necesidad de que se traslade, PROGRESIVAMENTE y en un marco más FLEXIBLE, la edad de jubilación más allá de los 65 años" (Valeriano Gómez, 6 de diciembre)

Lo de la "flexibilidad" es precioso porque parece esconder la posibilidad de que los trabajadores españoles puedan organizar su vida laboral, decidir si se jubilan antes o si trabajan más allá de los 65. En realidad, lo que esconde esta frase es que todos tendremos que trabajar hasta los 67 (y luego hasta los 70), y que los que quieran dejarlo antes se verán fuertemente penalizados. Esto nunca se admitirá: se hablará de "incentivos" para alargar la vida laboral... Claro, el incentivo será que el que no lo haga cobrará una pensión de miseria.

"Tiene que haber un control más estricto de las PREJUBILACIONES" (Elena Salgado, 30 de enero).

La satanización de las "prejubilaciones" es otra constante en los políticos españoles.Pero, ¿qué tiene de malo que una persona se ponga de acuerdo con su empresa para dejar de trabajar a los 55 años cobrando el 80% de su salario? Pues tiene de malo que alguien que sigue currando gana más que un prejubilado y, por lo tanto, también cotiza más. Por eso a los políticos no les gustan las prejubilaciones, porque así la poca solidez del sistema se hace más patente.

"Podemos afrontar la necesidad de los cambios, aunque nos cueste ESFUERZOS" (José Luis Rodriguez Zapatero, 14 de julio); la reforma "no perjudicará excesivamente A NADIE" (Isabel López i Chasmosa, 6 de octubre)

Estas frases no sólo son mentira sino que bordean el cinismo más descarnado. Cuando el presidente del Gobierno dice que hay que hacer reformas "aunque nos cueste esfuerzos", hay que preguntarse por qué habla en primera persona del plural. ¿"Nos"?

Los políticos españoles tienen un sistema de pensiones, muchísimo más favorable que el del común de los mortales, y que no cambiará en nada con esta reforma. Por eso, cuando López i Chamosa dice que los cambios no perjudicarán "excesivamente a nadie" tiene razón: a nadie de su entorno, ni a ninguno de sus compañeros de escaño, ni a los de la bancada popular. Sólo perderán los ciudadanos... vamos, casi nadie.

"Los criterios de SOLIDARIDAD están garantizados" (Tomás Burgos, PP, 15 de diciembre)

El sistema es tan "solidario" y está tan "garantizado" que los políticos no quieren que compartamos con ellos las reglas del juego. Las normas para diputados y senadores seguirán siendo diferentes a las de los demás.

El resumen de las diferencias más notables entre uno y otro sistema es el siguiente. En primer lugar,para cobrar una pensión los diputados sólo tienen que "trabajar" 7 años en la Cámara, mientras que el resto de españoles necesita al menos 15 años cotizados, que tras la reforma seguramente pasarán a ser 20 ó 25. No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión,mientras que 15 años cotizados (20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.

Además, diputados y senadores pueden jubilarse con 60 años sin que se les rebaje la prestación, algo que para el resto de los mortales está prohibido hasta los 65 y que pronto pasará a estar fijado en los 67 (y más adelante en los 70).

Y para cobrar esa pensión completa y máxima, los parlamentarios españoles sólo necesitan acreditar 12 años en las Cortes, mientras que al resto de los trabajadores le exigen al menos 35 años cotizados (y seguramente esta cifra pasará a ser de 40 años tras la reforma).

El sistema es "tan solidario" y está "tan garantizado" que los políticos españoles quieren que sólo lo disfruten sus ciudadanos. Ellos seguirán sacrificándose con su propia contabilidad... También cobrarán de los planes de pensiones privados que les paga el Congreso y de alguno más que se han buscado ellos mismos. Pero esta inversión la tienen casi sin saber porqué: no es necesaria, ya sabemos que la Seguridad Social es "sostenible", "sólida", "justa", "flexible"... ¿Verdad?

Mientras los sindicatos mayoritarios nos intentan vender como estar contrario a la medida de jubilarnos a los 67 , cuando deberian de oponerse a toda la reforma ya que resulta mas perjudicial aún a l@s trabajadores la ampliación de contabiliazación de los últimos 20 ó 25 años.

jueves, 16 de diciembre de 2010

El Sheriff y los villanos


Solía salir disfrazado de sheriff, armado con una pistola de juguete. El detalle tiene su miga, en un hombre que ha rebasado con mucho las cinco décadas de existencia. Para los niños de hoy, un sheriff es el simpático y bienintencionado Woody de 'Toy Story'. Para él, algo a medio camino entre John Wayne y Clint Eastwood, como mucho pasado por el tamiz de Gary Cooper. En cualquier caso, un tipo que extirpa el mal del mundo con buenas dosis de mala leche y medicina de plomo del calibre 45.

Se tropezó con el mal. Eso no se lo puede discutir nadie. Porque malo es estar trabajando, tan tranquilo, cobrando tu sueldo de albañil, alto o bajo (y en los tiempos de 'brick rush', o fiebre del ladrillo, no estaba nada mal) y de golpe y porrazo dejar de cobrar por el trabajo que has hecho durante todo un mes. Los dueños de la empresa te piden comprensión, que la cosa está muy mala, que nadie paga, nadie fía, nadie compra. Y tú tienes que acordarte de cómo hasta ayer mismo los billetes pasaban en manojos por sus manos, y ver el coche que todavía tienen, y saber de las casas que se han hecho en el pueblo y en la playa. Porque tú no sabes (ni tienes que, ni quieres saber) que el coche están a punto de perderlo en cuanto no paguen un par de letras más, o que las casas están puestas de garantía de un préstamo que no pueden devolver. Tú pones ladrillos, con eso te basta.

Y después del primer mes viene el segundo. Y luego el tercero. Y a continuación el cuarto. Se te infla todo lo inflable y te metes en abogados, que sabes que los salarios van primero, y que te paguen a ti y luego se entiendan con el banco. Y entonces, cuando ya son cinco los meses que se deben, y ante la amenaza de embargo del juzgado, van y te dan el dichoso cheque.

Pero eso no es sino un espejismo más. Porque al llevarlo a la caja de ahorros del pueblo, los dos chupatintas que están allí, con su calefacción y su oficina limpita, te dicen que el cheque no tiene fondos, que te puedes llevar el papel de vuelta a casa y hacer con él una pajarita o darle otro uso más acorde a su valor, y te plantan tan frescos en la puerta sin saber que ese papel era la forma de recuperar tu dignidad, de cobrarte tu sudor, de no ir por ahí con la cara de tonto del que se ríen los demás.

Ahí es donde vienen en mala hora John Wayne y Clint Eastwood, donde al santo Gary Cooper se le funden los plomos y se vuelve como los otros, donde el amable Woody no aparece ni se le espera por ninguna parte, porque es patrimonio legítimo de niños con todas sus necesidades cubiertas en bonitas casas unifamiliares donde sigue entrando cada mes el sueldo de los trabajadores protegidos, y no la paga volátil que toca al paleta por su mugre y su deslome a mayor gloria de la puta burbuja.

Y entonces el sheriff sale a la calle, pero no con la pistola de plástico, sino con un escopetón de verdad, de esos que llevan en las dos bocas oscuras el alma rabiosa de la España negra (sí, también aquí, en este recóndito y hermoso rincón de la Garrotxa, Cataluña profunda). Y va a por los villanos, que en su cerebro nublado de rencor, de derrota, de frustración y acaso de locura, son esos dos constructores que (siente, irreparablemente ya) se rieron de su esfuerzo y esos dos privilegiados a sueldo de los vampiros financieros (así los siente él, también irreparablemente) que le escupieron a la cara su insolvencia vestida de cheque sin fondos, de papel mojado, de diploma de paria.

Va a por ellos, metódico, furioso, implacable. Y escribe otra historia triste, inútil, absurda. Tampoco los sheriffs de película, a menudo, les metían el plomo a los verdaderos villanos

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Los despidos baratos se disparan tras la reforma laboral


La reforma laboral no está pasando inadvertida para los juzgados de lo social. Todo lo contrario. Los datos que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo reflejan que el número de trabajadores que han comenzado a cobrar el desempleo tras haber sido despedidos de su empresa por causas objetivasha crecido entre julio y octubre un 13,3% frente al mismo periodo del año anterior.

En total, y según las cifras oficiales, 45.061 trabajadores han sido despedidospor causas económicas, técnicas, organizativas o de produccióndurante los cuatro primeros meses de funcionamiento de la reforma laboral. Es decir, 5.298 más que en 2009 durante el mismo espacio de tiempo.

Los datos oficiales reflejan, por lo tanto, que las empresas han aprovechadode forma intensa la oportunidad que les ofrece la ley de poder despedir con 20 días por año trabajado, en lugar de los 33 o 45 días que estipulaba la legislación anterior. En los diez primeros meses del año, de hecho, 123.513 trabajadores reciben prestación de desempleo debido a alguna de las cuatro causas del despido objetivo, lo que supone un crecimiento del 10% respecto de igual periodo del año anterior. Y eso que este año la economía se comportará de forma mejor que en 2009. El PIB caerá alrededor del 0,2%, frente al -3,6% del año pasado, según la estimación del INE.

La nueva ley, como se sabe, suaviza los requisitos que se imponen a las empresas para poder despedir por causas objetivas. En concreto, se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. En tales casos, dice la norma, basta con la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos, siempre que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. La ley obliga a las empresas a acreditar los resultados alegados y a justificar que de los mismos se deduce la “razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”

Con la nueva ley, se incluye entre las causas objetivas de despido las faltas de asistencia al trabajo -“aún justificadas pero intermitentes”-, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

Los politic@s en el gobierno que anunciaban que la reforma valdría para dar mas estabilidad al mercado laboral, vuelven a equivocarse intensionadamente, la reforma ha servido para aumentar los despidos y abaratar costes a l@s empresarios.

martes, 14 de diciembre de 2010

lunes, 13 de diciembre de 2010