Cuando el 30 de enero, la multinacional Delphi anunciaba la venta de la división de direcciones a la sociedad de inversiones Platinum Equity pocos podían siquiera intuir la gran crisis que se avecinaba. Pero no pasaría ni un mes para que la filial Delphi Automotive Systems España, con sede única en Puerto Real, comunicara, por sorpresa y tras la negación traidora sólo unos días antes del ex director de la planta, Alberto Rojas, el cierre «inminente e irrevocable» de la planta y el despido de 1.600 trabajadores.Era un 22 de febrero, jueves, con la resaca del Carnaval y los motores 
electorales empezando a calentar. Desde entonces han pasado cien días en los que la política, los tribunales y las luchas sindicales han generado un crisol de frentes, todos abiertos, todos inciertos. Y todos concéntricos en torno a un nombre, anónimo para el común de los gaditanos hasta ahora: la jueza de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana. Con su decisión del 16 de abril de admitir un concurso de acreedores llegó el primer varapalo para la plantilla y la Administración, que en este tiempo se ha centrado en demostrar que el desmantelamiento de la factoría es ilegal, por estar condicionado por un acuerdo industrial hasta 2010 y ante posibles desvíos irregulares de maquinaria a otros países; e improcedente, porque la planta, aunque filial, no puede concebirse aislada de la multinacional. La resolución, inminente, de este recurso será clave para el futuro del proceso, ya que su aceptación supondría la suspensión del procedimiento judicial y un giro radical en los planes de marcha dirigidos por el mexicano afincado en Jerez Gonzalo Herrera.Además de la vía judicial, la sindical, aupada por la presión electoral, ha marcado un antes y un después en la Bahía con la convocatoria de una huelga general el 18 de abril que afectó a 800.000 personas -la de mayor dimensión a nivel provincial-, dos manifestaciones y una marcha a Sevilla. Una batería de protestas que ha llevado la lucha por todo el país y ha obligado a la Junta a apurar los compromisos ante el miedo a una factura política que, al final, no ha cobrado ni pagado nadie.
electorales empezando a calentar. Desde entonces han pasado cien días en los que la política, los tribunales y las luchas sindicales han generado un crisol de frentes, todos abiertos, todos inciertos. Y todos concéntricos en torno a un nombre, anónimo para el común de los gaditanos hasta ahora: la jueza de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana. Con su decisión del 16 de abril de admitir un concurso de acreedores llegó el primer varapalo para la plantilla y la Administración, que en este tiempo se ha centrado en demostrar que el desmantelamiento de la factoría es ilegal, por estar condicionado por un acuerdo industrial hasta 2010 y ante posibles desvíos irregulares de maquinaria a otros países; e improcedente, porque la planta, aunque filial, no puede concebirse aislada de la multinacional. La resolución, inminente, de este recurso será clave para el futuro del proceso, ya que su aceptación supondría la suspensión del procedimiento judicial y un giro radical en los planes de marcha dirigidos por el mexicano afincado en Jerez Gonzalo Herrera.Además de la vía judicial, la sindical, aupada por la presión electoral, ha marcado un antes y un después en la Bahía con la convocatoria de una huelga general el 18 de abril que afectó a 800.000 personas -la de mayor dimensión a nivel provincial-, dos manifestaciones y una marcha a Sevilla. Una batería de protestas que ha llevado la lucha por todo el país y ha obligado a la Junta a apurar los compromisos ante el miedo a una factura política que, al final, no ha cobrado ni pagado nadie.Con este panorama y las prisas por llegar bien peinados al 27 de mayo, la Junta de Andalucía ha dejado un futuro empresarial incierto que todavía tiene más nubes que claros: el acuerdo con cinco compañías para implantarse en la Bahía y asumir la plantilla de Delphi carece aún de nombre propio claro y las filtradas (como González Byass o Debacsa) no ofrecen ninguna garantía sobre el inicio de sus actividades o, directamente, niegan toda vinculación (como es el caso de Ficosa, identificada como la metalmecánica y de acero que absorbería a 1.200 empleados). Sólo Sadiel, empresa semipública (el 37,5% de su accionariado es propiedad de la Agencia de Innovación) ha confirmado su inversión, aunque tampoco ha concretado plazos, espacios y ha abierto un abanico laboral de entre 150 y 400 puestos de trabajo.Muchos frentes todavía muy inmaduros que hacen prever que el conflicto de Delphi conocerá hasta dos inviernos y atravesará nuevas tempestades.
