A principios de este año ya saltaban las alarmas sobre la proliferación de las empresas de refinanciación de deudas. Las constantes subidas de los tipos de interés han sido el caldo de cultivo idóneo para este tipo de negocios que anuncian a bombo y platillo la reducción en los pagos de las hipotecas, mediante una reunificación de deudas. A través de agresivas campañas publicitarias convencen a los consumidores de los beneficios que conlleva unir el pago de la hipoteca y los créditos personales. Pero la realidad es muy diferente: este tipo de empresas, que han surgido enmedio de una laguna legal, multiplican los gastos y cobran elevadas comisiones. Y el consumidor tiene que estar muy bien informado antes de firmar un préstamos que, en ocasiones llega a duplicar el montante de lo que realmente se adeuda.
A fin de evitar situaciones como la que se vivió ayer en el Polígono de San Benito -en la que una familia se ha visto envuelta en una situación insostenible que ha terminado en el desahucio de su vivienda-, numerosos movimientos asociativos habían llamado la atención sobre la necesidad de que se regule y supervise la actividad de este tipo de empresas que, al no ser entidades de crédito, no están sujetas a los postulados del Ministerio de Economía y Hacienda, y sobre los que el Ministerio de Sanidad y Consumo tampoco ejerce ningún control, permitiendo que se aprovechen de la situación desesperada de muchos ciudadanos, y que realicen una actividad pseudobancaria al margen de una normativa de protección a los consumidores de servicios financieros.
Según un estudio de la consultora de franquicias Tormo & Asociados, a principios del año pasado este sector contaba con un total de 23 redes de franquicia y 5.044 agencias (mientras que cuatro años antes existían sólo 988 agencias).La rapidez con la que ha surgido este negocio, en respuesta a situaciones desesperadas de los consumidores, y la rapidez con la que desaparecen imposibilita tener una radiografía clara del sector. Hasta hoy se desconoce el número de firmas prestamistas y el de posibles afectados, pero ya el Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio ante el Ministerio de Economía y Hacienda sobre las empresas de reunificación de deuda, que desarrollan su actividad sin estar sujetas a ningún control administrativo. El Defensor ha puesto de manifiesto su preocupación porque estas empresas deberían ser consideradas de «carácter financiero».
