Hasta ahora había ocurrido lo contrario. En lugar de encaminar los pasos de los religiosos hacia la autofinanciación, la vicepresidenta primera selló en 2006 un acuerdo con la jerarquía eclesiástica cuyo principal resultado fue más dinero público para los prelados.
Hasta aquel momento, la Iglesia a recibía más recursos de los que los contribuyentes entregaban a través de la casilla del IRPF. El Gobierno adelantaba a los obispos recursos de más (unos 30 millones anuales) y los religiosos no los devolvían. Ahora el modelo es diferente: no hay adelanto, pero cuando un ciudadano marca la casilla de la Iglesia con una equis, en lugar de destinar el 0,52% de su contribución paga un 0,7% (un 34% más). En aquel acuerdo, por indicación de la UE, la Iglesia perdió el privilegio que le permitía comprar bienes sin pagar IVA.
Inconstitucional
Esta aportación del Estado no va a parar a obras de caridad, sino a la Conferencia Episcopal y a los sueldos de obispos y arzobispos.
Además de esta partida, grupos laicistas estiman que la Iglesia recibe al año 6.000 millones de euros de las administraciones. La mayor parte va a parar a la enseñanza concertada (cerca de 3.400 millones de euros). El Estado también paga las nóminas de los profesores de religión, pero es la Iglesia quien decide a quién contratar y a quién despedir.
Otras partidas van a parar a los capellanes de las prisiones, de las Fuerzas Armadas, hospitales, etc... y a los convenios de restauración del patrimonio histórico de la Iglesia
