En la madrugada del domingo tres de febrero al lunes cuatro, se encontraban aproximadamente cincuenta personas en la plaza de la Cruz Verde disfrutando de la fiesta de carnaval, en un ambiente distendido y relajado. Alrededor de las cuatro de la mañana irrumpieron en la plaza unos diez policías locales, que sin mediar palabra, desalojaron de la plaza a los allí presente de forma violenta y abusiva. En ese momento, Joaquín grabó con su móvil la actuación de la policía local y ésta le arrebató el teléfono. La intervención policial en la Cruz Verde se saldó con la detención de Anxo, por intentar entablar un diálogo con los agentes, además de una decena de heridos.
Seguidamente las personas contusionadas se dirigieron al centro de salud del Olivillo para realizar los correspondientes partes de lesiones. Mientras esperaban a que les viera un médico de guardia, aparecieron de nuevo los agentes de la Policía Local, los cuales, obligó por la fuerza a abandonar el ambulatorio. Allí fue detenido de forma injustificada Joaquín, ya que, fue reconocido por los agentes como el joven que había grabado la escena de la Cruz Verde.
Tras las detenciones metieron en el calabozo a los dos compañeros y, sobre las siete de la mañana, los llevaron al hospital Puerta del Mar para realizar por fin el parte de lesiones, un trámite que tenía que haberse realizado antes de ir a Comisaría.
Tras pasar treinta y seis horas privados de libertad en diferentes calabozos, fueron trasladados a los Juzgados de San José, a través de un juicio rápido, le propusieron aceptar los cargos de atentado contra la autoridad a cambio de rebajar la pena de prisión de un año a ocho meses, planteamiento que rechazaron ante su evidente inocencia. El tercer detenido, al que no conocen, aceptó reconocer los cargos.
Por la tarde fueron puestos en libertad. Ahora deberán esperar hasta la celebración del juicio el 21 de abril.
Un dato significativo recogido por los trabajadores del juzgado de lo penal, estima que los juicios por "Atentado a la autoridad" que se realizan en Cádiz, el 90% son por acusaciones de la policía local, el 9% por la policía nacional y sólo un 1% por la guardia civil. En contraposición a la acusación policial, los imputados han interpuesto una denuncia contra los policías locales por violencia policial y falsas acusaciones.
La versión policial ofrecida a los medios de comunicación fundamenta la detención de los dos compañeros por resistencia y atentado contra la autoridad. Así como justifica su brutal intervención en acontecimientos ajenos a las personas que se encontraban en la plazuela de la Cruz Verde; la música alta procedente de los Callejones y el lanzamiento aleatorio de una botella que aterrizó en el camión de los servicios de la limpieza en una calle próxima, acontecimientos paralelos que no tenían ninguna conexión con las personas que estaban en la plaza.
Por otra parte, en lo acontecido en el Olivillo la policía local argumenta que acudió al centro debido a que se estaba increpando a los pacientes y alterando el orden, nada más lejos de la realidad. Las personas que se encontraban allí lo único que pretendían era un parte de lesiones por las vejaciones sufridas.
Contextualizando estos hechos en las fiestas de Carnaval, resulta preocupante presenciar como se viene reprimiendo de forma tan explicita un espacio de socialización y encuentro como es la calle. En esta fecha los gaditanos aprovechan para sacar a la palestra popular sus mejores letras y disfraces cargados de buen humor y teatro. Una tradición popular de la localidad que aglomera a ciento de miles de personas que aprovechan para ver desde otro punto de vista los problemas cotidianos y el panorama politicosocial. Pero detrás de este fenómeno masivo se esconde una realidad que va calando sibilinamente en la vida social de los ciudadanos de Andalucía: la restricción de los espacios públicos. Con la aplicación de la ley anti-reunión, se ha prohibido las concentraciones nocturnas de más tres personas en la vía pública, justificada en la excusa de solucionar el botellón, producido por la actitud de una minoría, con la que se restringe el derecho a toda la ciudadanía de usar la calle.
Al amparo de esta medida legislativa, las autoridades están ejerciendo un duro control en los espacios públicos, ya que, se les ha otorgado el papel de juez, lo cual genera una escalada de abusos de poder, detenciones ilegales y violaciones de derechos fundamentales.
La actuación policial del domingo no está desvinculada con los últimos acontecimientos que vienen sucediéndose en la ciudad. Hace relativamente poco el Mercado de Abasto sufrió una limpieza social, ya que las personas que vendían artículos de segunda mano y que no tenían licencia para ello fueron obligadas a desalojar sus puestos, reventando así el histórico Mercadillo de Cádiz.
Por otro lado, el sábado treinta de diciembre un despliegue policial desalojó a un centenar de ciudadanos que se encontraban en el bar Estrella de Mar Beach Club, situado a las afueras de la ciudad, donde se celebraba un evento musical. La policía llevó a cabo varias denuncias a diferentes personas por intentar establecer una conversación, o pedir el número de placa a los policías.
Los cambios que se están produciendo en la ciudad de Cádiz, encajan con el modelo europeo que las instituciones quieren fecundar en la localidad. Una ciudad "limpia" que sonríe entre la proliferación de los recortes de libertades, los problemas sociales ocultados tras un velo de reformas estéticas, donde la economía se focaliza al turismo de masas y el beneficio de las empresas privadas que nada tienen que ver con la cultura de la capital.
