Charla por la Abstención activa

La charla por la abstención activa organizada por el Equipo A y el Grupo Pirexia que se iba a celebrar hoy viernes a las 18,30 en el local de CNT Cádiz se va a hacer en la plaza del palillero donde nos encontramos acampados.Acude y difunde

Dentro de la campaña que esta realizando el SOV de Cádiz junto al Equipo A por la Abstención Activa, tenemos el placer de invitarles a la Charla- Debate del proximo dia 20 de mayo.

Son numerosos los actos realizados en la ciudad por una Abstención Activa en las proximas elecciones.

Charla Abstención activa viernes 20 a las 18.30 h en el local de CNT Cádiz , a cargo del Grupo Pirexia , organizado por el Equipo A y CNT Cádiz.

1º de mayo en Cádiz

Salud compañer@s , como es tradición el SOV de Cádiz vuelva a salir a la calle con motivo del 1ª de mayo, este año nos concentraremos a partir de las 12 del mediodia en la escalinata de correos en la Pza las flores, el tiempo nos ha dado la razón no yendo de la mano de vendeobreros u otras formaciones politicas que estamos viendo como actuan en estos momentos de crisis, esperamos tu asistencia.

Contra el paro y el capital REVOLUCION SOCIAL

L@s parad@s a las ordenes de l@ politic@s

Los parados españoles tendrán que hacer lo que les manden los Servicios Públicos de Empleo (SPEE – antiguo Inem) si no quieren perder su prestación. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Decreto Ley de reforma de las políticas activas de empleo, que supone un cambio radical en la normativa vigente hasta ahora para los desempleados y que podría resumirse en que la prestación por desempleo deja de ser un derecho que adquiere cada trabajador por haber cotizado y se convierte en una paga asociada al cumplimiento de una serie de obligaciones.

Desde ahora, los SPEE diseñarán un "itinerario individualizado" para cada parado y vigilarán que éste lo cumpla. Aquéllos que se salgan del camino marcado por el Ministerio de Trabajo (a través de las consejerías de Empleo de las CCAA, que son las que aplicarán la medida) perderán su subsidio y dejarán de ser considerados como parados.

Desde el Gobierno se defiende que no se endurecen las sanciones. Pero lo que no dicen es que se suben extraordinariamente las obligaciones para los parados. Es decir, la sanción es la misma, pero las razones por las que se pueden aplicar son mucho más variadas y difíciles de cumplir que antes (según adelanta en su edición de este viernes El Economista, y confirma el comunicado presentado por Valeriano Gómez, aunque quede por conocer el texto completo de la reforma que publicará el BOE).

Hasta ahora, eran poco habituales los casos de parados que perdían su prestación por incumplimientos con los SPEE; a partir de este decreto, será mucho más común que esto ocurra. Por lo tanto, en la práctica, la prestación por desempleo deja de ser un derecho, que se adquiere pagando una cotización obligatoria cada mes y se cobra cuando se pierde el empleo, para convertirse casi en una paga de Trabajo que está sujeta a numerosas obligaciones de las que depende su abono.

Ya hay vigentes las siguientes sanciones por no seguir las indicaciones de los SPEE, pero lo que cambia es el significado de las expresiones "políticas activas de empleo" o "programas de empleo" (ver cuadro con las disposiciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social):


Los "itinerarios personalizados"

La clave de la nueva normativa está en los "itinerarios personalizados". A partir de ahora, los SPEE se implican mucho más activamente en las denominadas como "políticas activas de empleo". Según la información ofrecida por el Ministerio, a cada desempleado se le hará "un diagnóstico individualizado de sus capacidades y necesidades y se les ofrecerá orientación e información sobre empleo y ofertas de trabajo", entre otras cosas, para poder mejorar su situación laboral.

Esto se traducirá en el ofrecimiento de cursillos, búsqueda de trabajo, envío a procesos selectivos y ofertas de empleo. El parado se tendrá que comprometer (con un acuerdo personal) a cumplir con lo que le ordene Trabajo y si se salta alguno de estos pasos, ya sea porque se niegue o por un error, perderá su derecho a la prestación. Es decir, que los SPEE se erigen en juez y parte para decidir quién tiene derecho a prestación.

Los argumentos

Las medidas aprobadas por Trabajo tienen buena prensa. En principio, parece lógico que un parado pierda el derecho a la prestación por rechazar un empleo y también suena bien que se hagan "itinerarios individualizados" para favorecer la reincorporación al mercado laboral e, incluso, cambios en el sector de ocupación. Sin embargo, ambas cuestiones tienen su reverso.

En primer lugar, está muy poco claro que los mismos servicios públicos de empleo que en el primer semestre de 2010 sólo consiguieron recolocar a un 2,4% de los parados se vayan a convertir a partir de ahora en eficiente máquina de búsqueda de trabajos. El Gobierno habla de un "traje a medida" para cada parado, pero sus propias cifras hablan de un objetivo de 2.000.000 de desempleados para 3.000 orientadores: o lo que es lo mismo, 600 personas por funcionario.

Además, el documento del Gobierno prevé el establecimiento de la Estrategia Española de Empleo, que "analizará las tendencias del mercado laboral y marcará las orientaciones y los objetivos a alcanzar en materia de política de empleo".

Esto es dirigismo puro y duro: el Ministerio de Trabajo cree que su burocracia va a ser capaz de anticipar en qué sectores va a hacer falta mano de obra o qué partes de la economía nacional van a crear empleo. Por eso, porque piensan que serán capaces de prever todo esto, también se sienten legitimados para obligar a los parados a aceptar las acciones de búsqueda de empleo (cursillos, entrevistas,...) que consideren necesarios. El problema es que nunca un Gobierno ha sido capaz de adelantarse al mercado, porque no tiene su información, ni su flexibilidad, ni sus incentivos... Así que sería una verdadera sorpresa que éste lo lograse.

O trabajas o no cobras

La segunda medida de las aprobadas por el Gobierno que suele gozar de buena prensa es el endurecimiento de los requisitos para cobrar el paro. Muchos trabajadores piensan que no es justo que alguien cobre casi lo mismo que ellos por no hacer nada y que los desempleados deberían dejar de recibir el subsidio si renuncian a un empleo.

Es evidente que la paga del paro es un nefasto incentivo para buscar un empleo. Cualquier economista sabe que dar dinero a una persona por no trabajar hace que tenga menos estímulos para dejar su situación de parado.

Sin embargo, no es menos cierto que los trabajadores no tienen la posibilidad de decidir si pagan o no la cotización que luego les da derecho al paro. Desde el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos se vende que los desempleados tienen un derecho por lo que han cotizado.

Era una compensación a la obligación de cotizar: es como si hubieran acumulado una bolsa que ahora emplean en un momento de dificultad. Hasta ahora, un parado sabía cuánto tiempo de prestación había acumulado; desde este momento, estará siempre a expensas de que los SPEE decidan ofrecerle un trabajo que, quizá, no le interesa nada (ya sea por cualificación o por encontrarse en una ciudad diferente a la suya) o enviarle a un cursillo que no quiere realizar.

Los cursillos

En este sentido, la otra cuestión que aparece asociada a esta reforma es la calidad de esas "políticas activas de empleo" que tanto se venden desde instancias oficiales. Cualquiera que haya estado en paro y haya acudido a los SPEE sabrá que muchos de los cursos a los que se envía a los parados no tienen nada que ver con su formación, cualificación o intereses. De hecho, ese 2,4% de parados que logran recolocarse a través del Inem es una buena prueba. Ahora, será obligatorio realizar estos cursos, por muy inútiles o inadecuados que sean.

El gran negocio del paro

Para explicar lo que ha sucedido durante las dos últimas décadas en Andalucía no hay que recurrir a abstrusas teorías políticas ni a enrevesados análisis económicos. Basta con recordar un pasillo de comedia, vulgo sketch, que perpetraron los archiconocidos payasos de la tele en la gloriosa época de Gaby, Fofó y Miliki. Los dos últimos se dedicaban a cruzar continuamente un paso fronterizo vigilado por Gaby, el payaso serio de la familia. Iban en bicicleta pero no llevaban nada. Los registraba el vigilante meticulosamente pero no había forma de encontrar un reloj, una joya, dinero en metálico, algo que pudiera justificar el contrabando que seguramente estarían llevando a cabo. El aduanero se rindió y les suplicó que le dijeran, aunque no los sancionara por ello, cuál era el alijo que estaban pasando de matute.

—Es muy sencillo, señor policía. ¿No lo está viendo? Estamos pasando de contrabando… las bicicletas.

En esta Andalucía del millón de parados ha sucedido algo similar. El paro se ha convertido en la bicicleta que nos han vendido una y otra vez como si fuera una moto averiada. A falta de una lengua para marcar diferencias, el Régimen andaluz se ha asentado en el desempleo estructural como nuestra sagrada seña de identidad, como el gran tabú que nadie se atrevía a desvelar. Es muy complicado criticar las políticas activas, pasivas y perifrásticas de empleo. Es harto difícil oponerse a un ERE que supone la salvación salarial de decenas o cientos de familias. Y es muy arriesgado descubrir el pastel que se esconde en los cursos de formación que se reparten sindicatos y organizaciones empresariales gracias al derroche programado y tasado de los acuerdos de concertación.

Ese ha sido el gran logro el Régimen durante estos veinte años. Ha conseguido que el paro sea un magnífico negocio que ha generado sustanciosos dividendos al partido que copa el poder. En vez de luchar contra el enemigo, la Junta se ha aliado con él. El desempleo dejó de ser un problema para convertirse, paradójicamente, en una solución.

Gracias a esas cifras mareantes que emergen de la Encuesta de Población Activa, el poder ha tenido las manos libres para enjaretar el ERE más adecuado en cada situación. Así han aflorado los típicos conseguidores, como aquel militante con el carné en la boca que proclamó en la puerta de un juzgado que en ese caso no había habido manteca (sic) por medio. En ese caso, claro.

Al Régimen no le interesa una Andalucía sin paro, una comunidad autónoma formada por individuos autónomos que se ganan la vida con el sudor de su frente. Este Régimen que es un conglomerado de intereses partidistas, políticos, económicos y mediáticos necesita una masa crítica compuesta por individuos que le deban algo al poder. Una pensión de prejubilación obtenida a la remanguillé, por ejemplo. De ahí tanto chanchullo repetido hasta la saciedad, tanto falso trabajador que ni siquiera había pisado la empresa en cuestión, tanto dinero derrochado en estas políticas neocaciquiles que no son más que la vuelta al duro que Romanones invertía en comprar votos por los burgos podridos como bien denunció Azaña.

Los contrabandistas de bicicletas han estado a punto de matar la frágil gallina de los huevos del ERE. El asunto, que es de una gravedad que supera la cotidianidad política, nos ha revelado cuál es la verdad desnuda de este sistema que se revista de la legitimidad de la izquierda cuando no es más que neocaciquismo en estado puro. Pase lo que pase, se descubra lo que se descubra, siempre habrá votantes dispuestos a apuntalar este edificio ruinoso con tal de que no se les caiga el entramado encima. Ese es nuestro drama con tintes de tragedia. Para esa Andalucía sometida al neocaciquismo de turno es mejor el techo podrido del Régimen que el cielo raso de la libertad.

El SOV de Cádiz gana el pulso a SUTEGA SL

Nuestro sindicato informa a toda la CNT que hemos ganado el pulso que manteniamos con el empresario Juan Delgado por el despido de nuestro compañero Joaquin , trabajador en el puesto de carnicero de la cadena de supermercados.

Ante las acciones de acción directa emprendidas por este SOV durante la campaña navideña no ha tenido mas remedio que dar marcha atrás en su desición y reconocer los derechos que le asisten al trabajador.

Demostramos una vez más que con acción directa y solidaridad, principios basicos de nuestro anarcosindicato se sacan los conflictos adelante.


CONTRA LA CRISIS Y LOS DESPIDOS, ACCIÓN DIRECTA

El SOV de Cádiz denuncia al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucia.

El SOV de Cádiz de CNT-AIT pone en conocimiento de la Inspección del Trabajo de Cádiz, el documento adjunto por si fuera constitutivo de falta o delito, en cuyo caso debe de ponerlo en conocimiento de la Fiscalia para que actue en consecuencia.

El salario mínimo interprofesional para 2010 es de 633 eurospor un trabajo a jornada completa. Todo lo que esté por debajo de ese dinero es ilegal. Sin embargo, la web del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ofrece varios empleos en los que el sueldo no llega a esa cantidad.  El sueldo que ofertaba estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero ahí estaba, como muchos otros encontrados .Ofertar un trabajo por debajo del sueldo minimo es un delito y es escandaloso que eso lo ampare el SAE de la Junta de Andalucia.Se podría estar incurriendo en un delito, como autor o como colaborador necesario para llevar a cabo ese delito.
Se supone que, tal y como recoge la Constitución, los poderes públicos, entre los que está la Junta de Andalucía, debe velar por la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales dignas, lo que hace más sangrante esta situación .
Esta tiene además varios aspectos que la hacen más profunda: al tratarse de un delito no contra un particular, sino contra una colectividad.
Pero no sólo son ofertas irregulares por el sueldo las que publica el servicio público de empleo del SAE. También las hay discriminatorias. Hay anuncios de empleo en los que se pide una edad mínima y máxima, lo que está prohibido
Según la Ley, solo puede pedirse una edad o sexo concreto cuando el contrato lo pide porque tiene subvención de algún tipo. Pero si no es por eso, no se puede.

En la denuncia adjuntamos siete (8 documentos en total) documentos adjuntos que recojen alguna de las muchas irregularidades.

El Congreso se niega a acabar con la pensión de oro de los parlamentarios

La pasada semana, el Pacto de Toledo (la comisión sobre pensiones que reúne a todos los partidos con representación parlamentaria) emitió sus conclusiones sobre la próxima reforma de las pensiones públicas. En el texto aprobado, se apuesta por una elevación del período de cálculo y se aboga por elevar la edad real de jubilación. Además, los anuncios del Gobierno apuntan a que la reforma final incluirá el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Y la mayoría de los expertos ya han realizado estudios en los que se muestra que ésta no será la última de los cambios: los jóvenes españoles ya saben que se tendrán que jubilar a los 70 años y que la prestación será mucho más reducida que la que cobran sus padres.

Sin embargo, este martes se conocía una buen noticia para estos mismos jóvenes. Hay una manera de conseguir una pensión digna sin necesidad de ahorrar, ni de invertir en un plan privado cada mes: sólo hay que hacerse parlamentario.

Hasta ahora, a muchos les parecía una desvergüenza que los políticos españoles dispusieran de un sistema de pensiones diferente al resto, pero pasaba desapercibido entre los numerosos privilegios de los que disfrutan los parlamentarios. Pero que estos días, con la reforma de las pensiones aún calentita, el Congreso y el Senado se mantengan en sus trece es algo que puede enfadar mucho a numerosos ciudadanos.

La secuencia de los hechos

Esta noticia ha saltado ahora, después de que las Mesas del Congreso y el Senado, que se reunieron este martes en la Cámara Baja, hayan estudiado algunas de las cuestiones comunes. Entre ellas estaba la solicitud, realizada hace ocho meses, de Rosa Díez para reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios e igualarlo al del resto de los españoles. Pues bien, según informa Efe, ambas Mesas han decidido comunicar a la líder de UPyD que el sistema de complemento de pensiones de los Parlamentarios es "válido y adecuado".


La pensión de oro

En realidad, el sistema de pensiones de los diputados es un complemento a las pensiones públicas. De esta manera, las Cámaras complementan la paga que les correspondería hasta llegar al máximo legal en la Seguridad Social. Por ejemplo, si la pensión de un parlamentario, de acuerdo a sus cotizaciones es de 1.000 euros y el máximo previsto por el sistema en ese momento es de 2.300 euros, el Congreso se hace cargo de los 1.300 euros restantes. Los servicios de prensa de las Cortes se esconden detrás de estos hechos (es un complemento, lo pagan las Cámaras y no la Seguridad Social, etc...), para tapar lo que es un privilegio evidente costeado con dinero público y al que no tienen acceso los demás españoles.

Los requisitos

Para obtener a estas ayudas, un parlamentario sólo tiene que tener cumplidos los 65 años y haber ejercido en las Cortes durante siete años (hay que recordar que para el resto de los españoles el mínimo cotizado para tener derecho a una prestación contributiva es de 15 años). No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (que serán 20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.

Además, con 12 años en el Parlamento ya se tiene derecho a la pensión máxima desde el momento de la jubilación, mientras que los demás curritos tienen que tener al menos 35 años cotizados (y se habla de aumentar este cifra a 40) para cobrar esa cantidad.

Prejubilaciones

El régimen de prejubilaciones también es mucho más favorable a los políticos. Faltaría más, después de una vida dedicada al bienestar de sus ciudadanos, están tan cansados que se han aprobado a sí mismos la posibilidad de prejubilarse a los 55 años cobrando el 60% de su asignación, que en la actualidad es de 3.125 euros mensuales de media (este es el sueldo base, que es sobre el que se calculan estas prestaciones; el salario real medio, con dietas y complementos por trabajos en comisiones es bastante más alto).

Además, un senador o diputado con 60 años, si ha cotizado durante 40, también pueden cobrar el 100% de la pensión, algo no permitido al resto de trabajadores hasta los 65 por mucho tiempo que hayan cotizado.

Plan privado

También causará sorpresa a algunos saber que las Cortes dedican un 10% adicional del sueldo de cada parlamentario a un "plan de previsión social". Esto quiere decir que los mismos que hablan cada día de la "sostenibilidad" del sistema, de su "solidez" y de la "solidaridad" del mismo tienen planes de pensiones pagados por todos los españoles y en los que las Cámaras les ingresan más de 300 euros al mes. Será un buen complemento para esas pensiones de oro que se han garantizado tal y como explicábamos en el párrafo anterior.

Prestación por desempleo

Rosa Díez también había planteado en su propuesta la posibilidad de que los ex parlamentarios puedan percibir la prestación por desempleo con los mismos requisitos y cuantías que cualquier otro trabajador. Hasta ahora no podían cobrar el subsidio del paro. Esto había llevado a las Cámaras, en un claro gesto de altruismo hacia sus compañeros desempleados (gesto, con el dinero de los contribuyentes, eso sí) a fijar una indemnización equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. Esta indemnización, además, se abonará mensualmente.

Es decir, que si un congresista pierde su cargo en la elecciones tras haber estado 12 años en la Cámara, tendrá derecho a cobrar su sueldo base durante un año, para que reingrese en la vida civil sin sobresaltos. Por supuesto, este sueldecillo de nada es compatible con otros ingresos por trabajos en el partido o en la empresa privada, aunque no lo cobrarían si acceden a otro cargo público.

No son éstas las únicas ventajas de las que disfrutan nuestros políticos. Los miembros del Gobierno tienen incluso más prerrogativas (como cobrar un sueldo al dejar de ser ministro incluso aunque se siga siendo parlamentario), aunque sería imposible detallarlas todas aquí.

¿La justificación?

Cuando los periodistas preguntan a los políticos el por qué de todos estos privilegios, la respuesta es que hay que proteger a los representantes públicos una vez que dejan de ser diputados o senadores. También se alude a los bajos sueldos de los políticos hispanos en comparación con los del resto de Europa.

Sin embargo, para una justificación bastante poco sólida. Para empezar, un político ya sabe lo que cobrará cuando decide presentarse a unas elecciones. Si le parece poco, que no lo haga y se busque la vida en la empresa privada, a ver si allí les pagan los 3.125 euros (más dietas y complementos se van fácilmente por encima de los 4.000 euros) que cobran los diputados.

En segundo lugar, cabría preguntarse si necesitan más protección contra el desempleo o la jubilación que el resto de los trabajadores españoles. Es cierto que cuando un diputado pierde unas elecciones puede verse en el paro (como un fontanero al que despiden de su empresa). Casi nadie tendría nada en contra de que cobrase el paro el tiempo correspondiente, como el resto. Pero, ¿por qué una indemnización especial? En realidad, los parlamentarios hacen muchos contactos durante el ejercicio de su función, conocen a mucha gente muy relevante y se dan a conocer en sus partidos. Además, muchos de ellos tienen excedencias y vuelven a su trabajo anterior con normalidad. Se hace difícil imaginar que un senador cesante esté peor y necesite una indemnización más alta que el fontanero del ejemplo.

Este tipo de explicaciones idealizan a los políticos como unos trabajadores desinteresados, que dejan pasar grandes oportunidades en el sector privado para sacrificarse por los ciudadanos. Pero si esto es así o no, tendrá que juzgarlo cada votante en cada caso concreto, otorgándoles su confianza y su respeto, no con un sueldo autoimpuesto por votación (por cierto, en esto las mayorías son casi absolutas; es un tema en el que el tan anhelado consenso se alcanza rapidísimo).