Tal día como hoy, en 1978 se produjo
el montaje ''Caso Scala'' para reprimir el éxito del movimiento
anarcosindicalista y libertario.
La sala Scala en llamas
El
domingo 15 de enero de 1978 la CNT organizó una manifestación en
Barcelona contra la firma de los Pactos de la Moncloa y las
elecciones sindicales. En la misma se juntaron alrededor de 10.000
trabajadores que seguían oponiéndose a ese pacto social y que era
prueba evidente de la gran capacidad de convocatoria que tenia la CNT
en aquellos momentos.
A las 13:15 horas, terminada la
manifestación, tuvo lugar un ataque con cócteles Molotov contra la
sala de fiestas más conocida y de más éxito de Barcelona en
aquellos momentos, la sala "Scala", situada en la esquina
de la calle Consejo de Ciento y Paseo de San Juan. El resultado
inmediato fue la muerte de cuatro trabajadores de la sala: Diego
Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López; tres de
los cuales eran afiliados de la propia CNT.
Por aquellos días podría decirse que
los ciudadanos estaban en cierto modo acostumbrados a las noticias de
atentados terroristas. A nadie asombraba el asesinato de policías o
militares, los coches-bomba y demás actos que resultaban casi
habituales en aquella época. Sin embargo, un atentado contra una
sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y
disparatado de la idea. Probablemente por ello en los primeros
momentos se aventuraron toda clase de hipótesis. Algunos medios
achacaron el atentado a vulgares asesinos, otros lo relacionaron con
cuestiones particulares relacionadas con la sala de fiestas, algunos
llegaron a establecer una relación con la campaña en pro de la
libertad de expresión que por aquel entonces se desarrollaba en
solidaridad con el dramaturgo Albert Boadella.
La duda y la
incredulidad siguió siendo la tónica general para la inmensa
mayoría hasta que, tan sólo cuarenta y ocho horas después, el
martes 17 de enero un comunicado de la policía informó de la
detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes
inmediatamente se les relacionó con la CNT.
«Un comando de
la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos
en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita
como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la
Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el
restaurante-espectáculo Scala.»
Agencia Pyresa
Efectivamente, los detenidos eran todos
afiliados a la CNT y poco antes del atentado habían participado en
la manifestación. Al finalizar la manifestación -según la policía-
los acusados se habían dirigido a la sala de fiestas lanzando contra
ella seis cócteles molotov que ocasionaron el incendio y la muerte
de los cuatro trabajadores que se hallaban dentro. De esta manera
quedó establecida la relación de los detenidos con la CNT y el
atentado con la manifestación. Bajo la dirección del gobernador
civil José María Belloch y del comisario Francisco Álvarez,
empezaron las detenciones en los medios anarcosindicalistas.
Sin duda lo que más sorprende es la
insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los
culpables entre las 10.000 personas que aproximadamente participaron
en la manifestación. Cómo consiguió la policía barcelonesa este
alarde de perfección es algo que no se llegaría a saber hasta algún
tiempo después. En aquel momento sólo dio lugar a toda clase de
conjeturas que tenían como común denominador la sospecha de que
detrás de todo había gato encerrado. Con el tiempo esa sospecha se
acabaría convirtiendo en certeza.
Comienzo de la campaña
orquestada contra el movimiento libertario
Los detenidos
fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la
operación policial. Muy al contrario, en los días posteriores
fueron detenidas alrededor de 170 personas más, al mismo tiempo que
se desataba una imponente campaña de descrédito contra la
organización confederal por medio de los medios de comunicación y
de los aparatos represivos del estado, que vieron la ocasión de
amordazar y destruir la única fuerza con cierto peso social que
amenazaba la amplia operación de blanqueo de la dictadura franquista
y de los propios franquistas. Dicha operación pasaba por los Pactos
de la Moncloa -a los que ni asistieron ni fueron invitadas las
fuerzas sindicales, aunque luego la mayoría de las mismas los
aceptaran- destinados a hacer recaer sobre las espaldas de la clase
trabajadora el grueso de la crisis económica que se estaba viviendo,
a costa de fuertes recortes salariales, subidas de impuestos sobre el
consumo y pérdida de derechos laborales y a la vez sentar las bases
de los cambios políticos que deberían llevar a la Constitución de
1978, fruto de un gran pacto entre el franquismo y una nueva clase
política emergente ávida de poder.
La CNT, reacia al conjunto de dichos
pactos y reacia, sobretodo, a olvidar el pasado y a renunciar a
exigir cuentas al franquismo depurando todo el aparato estatal, ya
fuese político, policial, judicial e incluso cultural, se había
convertido en el gran objetivo a batir.
El simple hecho de aparecer en la
agenda de teléfonos de algunos de los acusados o de una persona
relacionada con alguno de los acusados se convirtió en motivo
suficiente para ser detenido. Después de ser interrogados y pasar
alguna noche en el calabozo, los detenidos eran puestos en libertad
sin cargo alguno. Resultaba evidente que la policía no buscaba nada
ni a nadie -ya tenían a los culpables- se trataba simplemente de
amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a
miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la
línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a
llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una
represión policial de aquella envergadura.
La cosa no era de
broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de
inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la
certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose
en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la
imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a
esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de
grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy
considerable, podemos hacernos una imagen aproximada de la situación.
Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante
desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la
policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso. Como
consecuencia, se fueron debilitando las filas cenetistas, abandonadas
por muchos trabajadores.
Ni que decir tiene que los Pactos de
la Moncloa pasaron a un segundo plano.
Como hemos dicho la
represión no sólo fue policial. El caso Scala marcó el comienzo de
una intensa campaña de atentados contra el Movimiento Libertario y
contra una CNT de nuevo en auge -ya contaba con 100.000 afiliados
sólo en Cataluña- en particular protagonizada por grupos, al
parecer de ultraderecha, que se escondían detrás de siglas
desconocidas e indescifrables. En aquellos meses se tuvieron noticias
de atentados en varias ciudades, sin que la policía demostrara la
misma eficacia en detener a sus autores que había demostrado en el
caso Scala.
El montaje policial sale a luz
La
vista del caso tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados
defensores solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo
Martín Villa, compareciese a declarar, pero no lo hizo. Tampoco lo
hizo Joaquín Gambín, confidente de la policía y responsable del
incendio del Scala según la defensa. Gambín había logrado fugarse
de la prisión de Elche en extrañas circunstancias y, a pesar de que
tenía varias órdenes judiciales de busca y captura, la policía no
pudo dar con su paradero.
La posición de la defensa apuntaba
hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados
en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar al sindicato ante
los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La
sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a
17 años de prisión como autores de un delito de homicidio
involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue
condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a
5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados
defensores, por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por
la no comparecencia de Martín Villa en la vista, fue rechazado por
el Supremo.
La presión sobre la policía por el
asunto Gambín se multiplicó a raíz de la vista y de las
exigencias, en aquel sentido, del indignado fiscal del caso,
Alejandro del Toro, que desde instancias judiciales conservadores fue
acusado de "simpatizar con los anarquistas". Con el paso de
los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que
desempeñó Joaquín Gambín, el Grillo, o también conocido como el
Rubio o el Legionario, en este asunto. Como se llegó a demostrar,
fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La
presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en
la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas
causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el
Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a
finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo
en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.
La segunda vista
del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado:
Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por
acudir a la manifestación con armas y por preparación de
explosivos.
Tras las cenizas del Scala
El Caso Scala
fue la punta de lanza de la gran represión que se abatió sobre el
movimiento libertario, en momentos de cierta debilidad organizativa y
estructural debido a las evidentes divisiones que se estaban ya
gestando en el seno de la anarcosindical.
Como posteriormente
escribiría Xavier Cañadas Pérez, uno de los encausados y
encarcelados durante ocho años por el Caso Scala:
Esta
relación de hechos, documentalmente contrastados, arrojan un tal
cúmulo de datos que permiten afirmar que el Caso Scala constituye el
punto de inflexión de una dinámica de represión, políticamente
concebida y previamente estudiada en los altos niveles del Gobierno,
pues dichos hechos escapan a la competencia exclusiva de un
estamento, de una sola brigada o servicio policial, de un solo
magistrado, de un solo Ministerio.
La intensificación de la
persecución polical contra el movimiento libertario fue alarmante.
El 13 de marzo de 1978 murió Agustín Rueda, preso en la cárcel de
Carbanchel, a consecuencia de la paliza que le propinaron un grupo de
funcionarios de prisiones. Tres meses después Agutín Valiente
falleció en Almeria mientras intentaba evitar una detención
polical. En junio de 1979 el cenetista Valentín González murió por
el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía al reprimir
la huega de los trabajadores del Mercado de Abastos de Valencia. Pero
la represión no terminó aquí.
Ante esta situación creció
el número de compañeros que optaron por la violencia como respuesta
a la denominada nueva represión democrática. En febrero de 1978 se
detuvo en Barcelona, Valencia y Madrid a veintidós personas acusadas
de pertenecer a los Grupos Autónomos, en abril cuatro trabajadores
de la SEAT de Barcelona fueron detenidos acusados de formar el
Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajadoar (ERAT), al mes
siguinete cayeron una docena de compañeros en Valladolid y ese
verano continuaron las detenciones. En febro de 1979 hubo once nuevos
detenido, en mayo uno más en la Junquera y en junio hubo una amplia
redada contra la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas (FIGA) en
varias ciudades de la península, en agosto se produjeron cuatro
nuevas detenciones en el movimeinto libertario barcelonés y en
octubre otras tres en Madrid. En noviembre hubo dos heridos de bala
en Valencia que pertencáin a los Grupos Autónomos Anarquistas,
acusación que se repitió contra otros cuatro anarquistas detenidos
en el mes de diciembre de 1979.
La ofensiva de estos
miltiantes libertarios alimentó la intoxicación de los medios de
comunicación, que, por jemplo, asociaban a los Comado Autónomos
Anticapitalistas con ETA, y aumentó el aislamiento de la CNT y del
resto de organizaciones anarquistas. Ya no había base social para
revolución alguna y el movimiento libertario se fue quedando solo en
la lucha por una transformación social más profunda.
El Caso Scala marcó el fin del
crecimiento espectacular de la CNT y del movimiento libertario, y el
inicio de su decadencia acelerada. Supuso el frenazo de una
organización que crecía a ojos vista, el acentuamiento de sus
divisiones y un descrédito que arrastró la organización confederal
que quedó ampliamente desautorizada socialmente y prácticamente
neutralizada: se consumó el gran Pacto de Estado de la Transición y
de la nueva Democracia Española, sin oponentes. La monarquía
democrática se consolidó con la Constitución, aprobada en
referendum el 6 de diciembre de 1978.
El acoso policial, la
consolidación de la monarquia democrática y el reflujo de las
luchas obreras llevaron a la CNT a una seria crisis. Cerrado el
periodo de luchas revolucionarias del tardofranquismo, había llegado
el momento de hacer balance del largo y complicado proceso de
reconstrucción y adaptarse a la nueva realidad social y política de
la España de los años ochenta.
Así pues, a finales de 1979
la CNT organizaría su V Congreso y primero desde el Congreso de
Zaragoza en 1936 y desde que la dictadura arrojara a la organzación
a los círculos infernales de la clandestinidad y del exilio. Ya
durante el periodo precongresual se hicieron evidentes las profundas
divergencias que enfrentaban a los distintos grupos y tendencias que
convivían en el seno de la organización. No había discrepancias en
el diagnóstico de la situación por la que atravesaba la CNT y el
conjunto del movimiento libertario, pero las diferencias eran muy
agudas cuando se buscaban las causas y se proponían las
soluciones.
Según se iba profundizando en el debate, se
fueron decantando dos grandes corrientes de opinión que confluirían
al Congreso para generar la primera gran escisión de la CNT desde
1933.
