Desde ahora, los SPEE diseñarán un "itinerario individualizado" para cada parado y vigilarán que éste lo cumpla. Aquéllos que se salgan del camino marcado por el Ministerio de Trabajo (a través de las consejerías de Empleo de las CCAA, que son las que aplicarán la medida) perderán su subsidio y dejarán de ser considerados como parados.
Desde el Gobierno se defiende que no se endurecen las sanciones. Pero lo que no dicen es que se suben extraordinariamente las obligaciones para los parados. Es decir, la sanción es la misma, pero las razones por las que se pueden aplicar son mucho más variadas y difíciles de cumplir que antes (según adelanta en su edición de este viernes El Economista, y confirma el comunicado presentado por Valeriano Gómez, aunque quede por conocer el texto completo de la reforma que publicará el BOE).
Hasta ahora, eran poco habituales los casos de parados que perdían su prestación por incumplimientos con los SPEE; a partir de este decreto, será mucho más común que esto ocurra. Por lo tanto, en la práctica, la prestación por desempleo deja de ser un derecho, que se adquiere pagando una cotización obligatoria cada mes y se cobra cuando se pierde el empleo, para convertirse casi en una paga de Trabajo que está sujeta a numerosas obligaciones de las que depende su abono.
Ya hay vigentes las siguientes sanciones por no seguir las indicaciones de los SPEE, pero lo que cambia es el significado de las expresiones "políticas activas de empleo" o "programas de empleo" (ver cuadro con las disposiciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social):
Los "itinerarios personalizados"
La clave de la nueva normativa está en los "itinerarios personalizados". A partir de ahora, los SPEE se implican mucho más activamente en las denominadas como "políticas activas de empleo". Según la información ofrecida por el Ministerio, a cada desempleado se le hará "un diagnóstico individualizado de sus capacidades y necesidades y se les ofrecerá orientación e información sobre empleo y ofertas de trabajo", entre otras cosas, para poder mejorar su situación laboral.
Esto se traducirá en el ofrecimiento de cursillos, búsqueda de trabajo, envío a procesos selectivos y ofertas de empleo. El parado se tendrá que comprometer (con un acuerdo personal) a cumplir con lo que le ordene Trabajo y si se salta alguno de estos pasos, ya sea porque se niegue o por un error, perderá su derecho a la prestación. Es decir, que los SPEE se erigen en juez y parte para decidir quién tiene derecho a prestación.
Los argumentos
Las medidas aprobadas por Trabajo tienen buena prensa. En principio, parece lógico que un parado pierda el derecho a la prestación por rechazar un empleo y también suena bien que se hagan "itinerarios individualizados" para favorecer la reincorporación al mercado laboral e, incluso, cambios en el sector de ocupación. Sin embargo, ambas cuestiones tienen su reverso.
En primer lugar, está muy poco claro que los mismos servicios públicos de empleo que en el primer semestre de 2010 sólo consiguieron recolocar a un 2,4% de los parados se vayan a convertir a partir de ahora en eficiente máquina de búsqueda de trabajos. El Gobierno habla de un "traje a medida" para cada parado, pero sus propias cifras hablan de un objetivo de 2.000.000 de desempleados para 3.000 orientadores: o lo que es lo mismo, 600 personas por funcionario.
Además, el documento del Gobierno prevé el establecimiento de la Estrategia Española de Empleo, que "analizará las tendencias del mercado laboral y marcará las orientaciones y los objetivos a alcanzar en materia de política de empleo".
Esto es dirigismo puro y duro: el Ministerio de Trabajo cree que su burocracia va a ser capaz de anticipar en qué sectores va a hacer falta mano de obra o qué partes de la economía nacional van a crear empleo. Por eso, porque piensan que serán capaces de prever todo esto, también se sienten legitimados para obligar a los parados a aceptar las acciones de búsqueda de empleo (cursillos, entrevistas,...) que consideren necesarios. El problema es que nunca un Gobierno ha sido capaz de adelantarse al mercado, porque no tiene su información, ni su flexibilidad, ni sus incentivos... Así que sería una verdadera sorpresa que éste lo lograse.
O trabajas o no cobras
La segunda medida de las aprobadas por el Gobierno que suele gozar de buena prensa es el endurecimiento de los requisitos para cobrar el paro. Muchos trabajadores piensan que no es justo que alguien cobre casi lo mismo que ellos por no hacer nada y que los desempleados deberían dejar de recibir el subsidio si renuncian a un empleo.
Es evidente que la paga del paro es un nefasto incentivo para buscar un empleo. Cualquier economista sabe que dar dinero a una persona por no trabajar hace que tenga menos estímulos para dejar su situación de parado.
Sin embargo, no es menos cierto que los trabajadores no tienen la posibilidad de decidir si pagan o no la cotización que luego les da derecho al paro. Desde el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos se vende que los desempleados tienen un derecho por lo que han cotizado.
Era una compensación a la obligación de cotizar: es como si hubieran acumulado una bolsa que ahora emplean en un momento de dificultad. Hasta ahora, un parado sabía cuánto tiempo de prestación había acumulado; desde este momento, estará siempre a expensas de que los SPEE decidan ofrecerle un trabajo que, quizá, no le interesa nada (ya sea por cualificación o por encontrarse en una ciudad diferente a la suya) o enviarle a un cursillo que no quiere realizar.
Los cursillos
En este sentido, la otra cuestión que aparece asociada a esta reforma es la calidad de esas "políticas activas de empleo" que tanto se venden desde instancias oficiales. Cualquiera que haya estado en paro y haya acudido a los SPEE sabrá que muchos de los cursos a los que se envía a los parados no tienen nada que ver con su formación, cualificación o intereses. De hecho, ese 2,4% de parados que logran recolocarse a través del Inem es una buena prueba. Ahora, será obligatorio realizar estos cursos, por muy inútiles o inadecuados que sean.
